El transporte urbano y el interés general

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En un artículo publicado hace unos meses se analizaba el proceso político según el cual se ha desarrollado el conflicto entre el sector del taxi y el del VTC.

Más de uno contempla con sorpresa la incapacidad de las diferentes administraciones (primero, la central, y ahora Comunidades Autónomas y ayuntamientos) para dar por finalizado un proceso que afecta de lleno al día a día del ciudadano y a la imagen de España, un país cuya principal industria es el turismo.

En el proceso político que nos ha llevado hasta donde estamos hoy, lo más sorprendente es el olvido en el que ha caído el interés general. Porque es difícil negar que la tecnología aplicada al sector del transporte urbano favorece al ciudadano: mayor competencia, mejor servicio, más innovación y nuevas propuestas de transporte. Impedir este proceso de transformación, en el que el avance tecnológico tiene un papel fundamental, es actuar contra el interés general.

Aun así, la Administración ha decidido frenar este proceso, tomando partido por uno de los sectores más afectados por la transición. Un proceso que en economía política se conoce como ‘captura del regulador’ y que tiende a ocurrir cuando una parte tiene un poder de negociación superior a su poder económico. En este caso, un sector capaz de paralizar el transporte de una ciudad.

No se argumenta, sin embargo, que las transformaciones tecnológicas sean inocuas. De hecho, frecuentemente vienen acompañadas de costes que puede sufrir el resto de la sociedad, también llamados externalidades. Estas externalidades, que han quedado en un segundo plano del debate, debieran haber sido, de hecho, la prioridad.

Es decir, el objetivo del Ejecutivo tendría que ser implementar medidas que favorezcan la transición hacia productos y servicios que mejoran la calidad de vida del ciudadano minimizando los costes de esa transición. En este caso, entre los costes o externalidades generadas por la transición tecnológica puede estar un posible perjuicio generado a los operadores existentes que invirtieron en un contexto de mercado muy diferente.

Esto no es algo nuevo: en el sector energético, hace 20 años se establecieron unas compensaciones a determinados actores del mercado con el explícito término de Costes de Transición a la Competencia (todavía controvertidos). En el caso de las telecomunicaciones, las compañías han sufrido el impacto de nuevos operadores (y compañías en sectores adyacentes, como las de internet) sujetos a una regulación más laxa sin recibir compensaciones significativas. En el caso del correo postal, el uso del correo electrónico ha transformado su negocio de forma drástica.

Además de en sectores específicos, esta transición también puede impactar en la sociedad en su conjunto: por ejemplo, por el mayor tráfico en las ciudades causados por los nuevos operadores.

El análisis de las distintas externalidades permite, de una manera sencilla, identificar dónde tiene que actuar la Administración. En la nota anterior, comentábamos cómo en Estados Unidos las autoridades han actuado en esta dirección. En Nueva York, el gran aumento del tráfico debido al creciente número de vehículos ha hecho que se limite su número. En otros estados, donde el crecimiento no ha sido tan significativo, las distintas administraciones han visto una oportunidad para aumentar los ingresos. En el de Massachusetts, se ha establecido una tasa que pagan los operadores de las plataformas de 20 céntimos de dólar (17 céntimos de euro) que se divide de la siguiente manera: cinco céntimos para los taxistas, 10 céntimos para las ciudades y cinco para un fondo que invierte en mejorar la infraestructura de transporte estatal. En Chicago existe una tasa de un 15% por viaje, destinada a mejorar el transporte ferroviario de la ciudad.

En España, el fundador de una de las principales plataformas ha propuesto crear un fondo de transición en línea con el esquema existente en Massachusetts. Estaría financiado por los nuevos operadores y dirigido a mantener el precio de las licencias de taxi, protegiendo así el teórico valor económico de la inversión realizada por sus tenedores.

En resumen, no faltan soluciones a los problemas generados por una transición de modelo económico; incluso, como en este caso, para aquellos cambios acelerados por la tecnología. Pero para llegar a ellas lo principal es que el punto de partida sea el correcto. Y esto significa anteponer el interés general a cualquier otro aspecto del debate. Todavía no estamos aquí.