Una de las fotos más impactantes de 2012 es la que muestra el Congreso de
los Diputados protegido por vallas y decenas de policías.
El distanciamiento entre ciudadanos y políticos es mayor que nunca. Hay una gran indignación en relación a cómo se está actuando contra la crisis y el impacto desigual que las medidas económicas están teniendo en la sociedad. En Portugal, sin ir más lejos, el propio presidente del país ha decidido consultar con los tribunales la legalidad de las medidas de ajuste pues corren el riesgo de ser declaradas inconstitucionales si se considera que no cumplen el principio de equidad.
Los recortes en los salarios de los funcionarios -recordemos: entre ellos están nuestros profesores, médicos e inspectores fiscales- y la privatización, en mayor o menor grado, de los servicios públicos están siendo cuestionados y están preocupando a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación política. Lo mismo está sucediendo con la reforma del sistema de pensiones.
Asimismo, las reformas están teniendo lugar en el contexto de un rescate a gran escala del sistema financiero, donde, no por casualidad, las entidades en peor situación son las cajas, todas ellas vinculadas al poder político.
Por si fuera necesario hacer la foto más compleja, a todo ello debemos añadirle un fuerte impulso al proceso soberanista en Cataluña que está robando la atención a temas mucho más importantes.
No es de extrañar, por tanto, que haya una gran preocupación y desconfianza sobre el proceso de reformas, que una parte muy importante de la población no se sienta representada en el sistema político actual y que por tanto se haya movilizado contra este exigiendo un cambio.
El distanciamiento entre ciudadanos y políticos es mayor que nunca. Hay una gran indignación en relación a cómo se está actuando contra la crisis y el impacto desigual que las medidas económicas están teniendo en la sociedad. En Portugal, sin ir más lejos, el propio presidente del país ha decidido consultar con los tribunales la legalidad de las medidas de ajuste pues corren el riesgo de ser declaradas inconstitucionales si se considera que no cumplen el principio de equidad.
Los recortes en los salarios de los funcionarios -recordemos: entre ellos están nuestros profesores, médicos e inspectores fiscales- y la privatización, en mayor o menor grado, de los servicios públicos están siendo cuestionados y están preocupando a todos los ciudadanos, independientemente de su orientación política. Lo mismo está sucediendo con la reforma del sistema de pensiones.
Asimismo, las reformas están teniendo lugar en el contexto de un rescate a gran escala del sistema financiero, donde, no por casualidad, las entidades en peor situación son las cajas, todas ellas vinculadas al poder político.
Por si fuera necesario hacer la foto más compleja, a todo ello debemos añadirle un fuerte impulso al proceso soberanista en Cataluña que está robando la atención a temas mucho más importantes.
No es de extrañar, por tanto, que haya una gran preocupación y desconfianza sobre el proceso de reformas, que una parte muy importante de la población no se sienta representada en el sistema político actual y que por tanto se haya movilizado contra este exigiendo un cambio.
