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Recientemente tuvo lugar el último episodio de la saga regulatoria del transporte urbano, con dos partes enfrentadas desde hace varios años. Por un lado, el sector del taxi; por otro, aunque no siempre de la mano, el de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) y las empresas que gestionan su uso; fundamentalmente, Uber y Cabify.
Recientemente tuvo lugar el último episodio de la saga regulatoria del transporte urbano, con dos partes enfrentadas desde hace varios años. Por un lado, el sector del taxi; por otro, aunque no siempre de la mano, el de los Vehículos de Turismo con Conductor (VTC) y las empresas que gestionan su uso; fundamentalmente, Uber y Cabify.
En lugar de identificar vencedores y vencidos, esta nota se enfoca en analizar el proceso político de lo sucedido hasta el momento, identificando las principales debilidades y proponiendo un nuevo marco de actuación para poder responder de forma ágil y responsable a las transformaciones generadas por la tecnología.
Al igual que otros sectores, el transporte urbano está en fase de transición hacia nuevos modelos económicos por la creciente aplicación de la tecnología. Estos procesos generan retos complejos, con profundas implicaciones económicas y sociales. En España, la Administración (la actual y la anterior) ha respondido con medidas de urgencia. Responder así a retos complejos es, como no puede ser de otra forma, sinónimo de soluciones inestables y, por tanto, insostenibles.
Lo que subyace en este proceso aparentemente irracional son dos estrategias habituales en la economía política.