Pensar despacio, actuar rápido - teniendo en cuenta el largo plazo

En España, uno de los países más afectados por la actual crisis internacional, estamos atravesando un periodo de profundas reformas económicas y sociales.

Y es una lástima que no estuviéramos ni mucho menos preparados para ello. Porque cuando las decisiones políticas deben tomarse en tan corto periodo de tiempo, lo más probable es que se haga buscando el impacto en el corto plazo, sin distinguir entre las necesidades inmediatas del país y aquellas esenciales en el largo plazo.

Para ilustrarlo, podemos considerar dos medidas tomadas para equilibrar las cuentas públicas y reducir el déficit. Una de ellas busca aumentar los ingresos y la otra reducir los gastos.

Una de las principales decisiones planteadas para aumentar los ingresos ha sido la amnistía fiscal para los defraudadores. Hay poca evidencia que confirme que esta medida aumentará significativamente la recaudación fiscal. Sin embargo, es una medida que otros países europeos han tomado - como es el caso de Alemania - e, incluso si el impacto es pequeño, cualquier incremento en la recaudación le servirá al gobierno para corroborar que la medida ha tenido un impacto positivo.

En cualquier caso, esto no debería haber sido el objetivo último de esta medida. Independientemente de que uno esté de acuerdo o no, el gobierno ha perdido una oportunidad única para desarrollar una nueva cultura de rechazo al defraudador. Esto podría haberse hecho mediante una campaña  que informe sobre la relevancia que tiene el defraudar en nuestra sociedad, el fortalecimiento de las actividades de vigilancia y auditoría de empresas y personas físicas y la implementación de una legislación más estricta para el defraudador.

En Suecia sería inconcebible que alguien no pagara los impuestos que le corresponden. Es considerado - correctamente - injusto y antisocial. Y, como con otras muchas cosas, no es una cualidad innata de los suecos. Un español en ese mismo país se comportaría de la misma manera. Crear esta cultura en el momento actual es más importante que nunca.

En el lado del gasto, podemos hablar del empleo en el sector público, que ha sido identificado como algo a reformar en el corto plazo. Las medidas tomadas están orientadas a reducir el número de funcionarios y su salario independientemente de las tareas que realicen. Pero, ¿un profesor contribuye a nuestra sociedad de la misma manera que lo hace un empleado público dedicado a tareas administrativas? ¿Debemos tratar a todos por igual aunque esto conlleva tomar decisiones difíciles?

Nadie discute que existe una necesidad clara de reducir el coste del sector público de este país - uno de los más altos de Europa-, pero las políticas en esta dirección deben llevar consigo algo más de análisis. Si bien la reducción en los salarios de médicos y profesores tendrá un impacto positivo en el déficit en el corto plazo, es al menos cuestionable que este sea una decisión acertada en el medio y largo plazo.

La mejora de nuestro sistema educativo debe ser una de las prioridades - si no la prioridad - de nuestra sociedad. Debemos garantizar que las próximas generaciones están lo mejor preparadas posible para enfrentrase a los retos originados por una sociedad mucho más global.

La conclusión es que la incapacidad de tomar las decisiones apropiadas que aseguren el desarrollo social y económico de nuestro país en el largo plazo impacta negativamente en nuestras posibilidades de construir un futuro sostenible.

Sí, el análisis político requiere tiempo y recursos y actuar rápido es esencial cuando uno está bajo grandes presiones para reducir el déficit fiscal. Pero pensar despacio es también esencial. La identificación de políticas que contribuyan al crecimiento del país debe ser el objetivo principal de nuestros gobierno.

En este sentido, no debería existir ninguna reforma con foco en el corto plazo que no viniera acompañada de un plan que tuviera en mente el medio y el largo plazo, en relación a la recaudación fiscal, el tamaño del sector público, la educación, la sanidad o las pensiones.

La ausencia de un plan y un programa político coherente está dañando nuestra capacidad para crear una sociedad más fuerte, justa y preparada para responder a los retos que se avecinan, así como para consolidar todos los avances conseguidos hasta la fecha. Y debemos tener en cuenta qué impacto tendrá esto en nuestras futuras generaciones.